Bien y a la Primera
Omar Espinosa
Las modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), que el Senado de la República debe aprobar antes del 2 de julio, no es solo un trámite legislativo, también es una reacción visceral a un insulto yanqui y un intento (quizás torpe) de conectar a un país fracturado en materia de radio, televisión e internet.
La luz roja en el Gobierno de la República se encendió luego que, en abril, un spot antimigrante de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se “coló” en pantallas mexicanas durante partidos de fútbol y horarios estelares.
Con 200 millones de dólares detrás, el mensaje de Trump era crudo: “Si entras ilegalmente, te atraparán. Serás eliminado”.
México no se quedó callado y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien de inmediato calificó la producción visual y sonora como discriminatoria, de tal forma que respaldada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), propuso una reforma para vetar propaganda política extranjera en radio y televisión, no obstante que la prohibición estaba planteada desde 2014.
Además la (nueva) ley es más ambiciosa, pues busca llevar internet a los más de 15 millones de indígenas y afromexicanos que viven en los márgenes (marginación) de la nación, donde la señal de radio, televisión e internet, son un lujo.
Habrá incentivos, como descuentos en el espectro radioeléctrico para que las empresas tiendan cables en pueblos sin asfalto y también se apuesta por las radios comunitarias; esas voces que hablan en lenguas, pero que el poder igual suele ignorar.
Para llegar a esta versión mejorada de la LFTR, se realizaron diversos foros en el Senado de la República, donde quedó claro que los grandes jugadores de las telecomunicaciones siguen defendiendo sus intereses, mientras las comunidades continúan exigiendo una justa sostenibilidad, no migajas.
El texto, próximo a su aprobación, incluyó el polémico artículo 109, mismo que fue eliminado en 2014, pero que resurgió en la reforma de 2025, al advertir posibles actos de censura, pues permitía que la Agencia de Transformación Digital del Gobierno de México bloqueara plataformas digitales sin una orden judicial clara y expresa, lo que críticos como la Red en Defensa de los Derechos Digitales y periodistas consideraron una amenaza a la libertad de expresión.
Tras protestas y debates, el gobierno cedió y el artículo fue suprimido para proteger el derecho a informar y opinar; pero en su lugar se creó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con cinco comisionados nombrados por el Ejecutivo (casualmente) y ratificados por el Senado de la República.
Sí, la “independencia” de este organismo estará bajo el escrutinio y la influencia presidencial. Ni qué hacer.
Se menciona igualmente un apartado que obligará (o al menos pedirá) a las concesionarias de radio y televisión, que hagan valer sus códigos de ética y defensoría de audiencia para separar noticia de opinión.
Suena bien, pero el diablo está en los detalles y en México los detalles siempre tienen colmillos.
La ley también mete mano a la accesibilidad digital, con funciones en apps y portales para personas con discapacidad y aunque aparenta ser un gran paso, parece no ser suficiente, pues los conversatorios en el Senado mostraron que el sector sigue siendo un campo de batalla entre los gigantes de siempre y los que quieren un pedazo de justicia.
La cobertura universal es una promesa bonita, pero los caminos de tierra no se conectan con discursos y aunque la soberanía en las ondas de radio y televisión suena firme, la línea entre proteger y controlar es muy delgada.
La Ley (como todo) no es perfecta y más parece “lo de siempre”, un puñetazo al aire contra la injerencia extranjera y un intento por dar voz a los silenciados.
Demos el “voto de confianza”, pues si funciona, México podría hablar más alto, pero si falla, ésta, será otra página más de buenas intenciones en un libro que ya nadie quiere leer.
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