Bien y a la Primera
Omar Espinosa
Mientras la desinformación y el clickbait destruyen reputaciones en segundos, los poderes del Estado mexicano exhiben un desinterés sistémico por proteger la integridad moral de sus ciudadanos, priorizando una inercia que confunde libertad de expresión con impunidad digital.
El “estigma digital”, un tema que se presenta como tendencia entre diversos grupos de analistas políticos y de algunos activistas sociales, es también una deuda y cuenta pendiente que los “tomadores de decisiones legislativas” tienen con quienes han sido víctimas (y quien no) de las falsedades vertidas en redes sociales con un click que se hace perpetuo y donde el pasado ya no es prólogo, sino una condena.
Entre los temas en tendencia, nace: "derecho al olvido", un termino que se presenta (en texto no impreso) como una defensa vital para desvincular enlaces a información obsoleta o falsa, pero en México, este concepto navega en un limbo de negligencia política y parálisis institucional.
La ausencia de una legislación específica no es un descuido técnico, sino una decisión política. Al ampararse únicamente en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, el Estado deja la carga de la prueba en el individuo, quien debe enfrentar laberintos burocráticos ante el INAI (también en el limbo administrativo), mientras su vida personal y profesional se desmorona por una noticia falsa o un proceso judicial ya resuelto.
En este vacío, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) igualmente ha fallado estrepitosamente, pues su falta de observancia y timidez para exigir políticas públicas contundentes permite que las "penas perpetuas informativas" sigan vigentes, ignorando que la dignidad humana es el eje de cualquier democracia.
La comparativa internacional subraya nuestra precariedad. Mientras la Unión Europea consolidó este derecho desde el fallo Google vs. Spain (2014), estableciendo criterios claros de desindexación, Latinoamérica avanza a velocidades distintas con países como Argentina y Chile, que han judicializado casos que marcan precedentes, pero México se mantiene en una retórica de rechazo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suele priorizar el acceso a la información de manera absoluta, incluso cuando los datos carecen de interés público, confundiendo el archivo histórico con el acoso digital.
Para el periodismo mexicano, el desafío es doble; estamos en el país más peligroso para ejercer la profesión, donde el derecho al olvido se percibe con recelo, temiendo que se convierta en una herramienta de censura para políticos corruptos que buscan limpiar su historial.
Sin embargo, el verdadero periodismo ético no debería temer a la rectificación de la verdad, fortaleciendo la resistencia y exigencia para incidir en la implementación de mecanismos de actualización de contenidos, esos que hoy, revelan una falta de autocrítica en medios que lucran con el sensacionalismo y el interés económico o político solamente.
El Estado mexicano no puede seguir siendo un espectador pasivo. Ignorar la necesidad de equilibrar la memoria colectiva con el honor individual no es proteger la libertad; es permitir que el algoritmo sea el juez supremo.
Es urgente que los legisladores y organismos autónomos dejen la apatía y reconozcan que el derecho a empezar de nuevo también es un derecho humano.
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